Cadáver de Calvo Sotelo

Cementerio del Este (Almudena). Cadáver de Calvo Sotelo. Asesinado la madrugada del 13 de Julio de 1936. Fotografia Martín Santos Yubero.

Madrid, domingo 12 de julio de 1936.

El calor se había quedado prendido en las fachadas y el anochecer apenas aliviaba la tensión de una ciudad acostumbrada ya a los entierros, los tiroteos y las amenazas. Desde las elecciones de febrero, España vivía una escalada de violencia política: choques callejeros, incendios, atentados, represalias y discursos que sonaban cada vez menos a debate parlamentario y más a anuncio de guerra.

Aquella noche, poco después de las diez, el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo salía de su domicilio para dirigirse al cuartel de Pontejos. Castillo era conocido por su proximidad al socialismo y por haber instruido a milicias juveniles de izquierdas. Antes de llegar a su destino, varios pistoleros lo abatieron a tiros. La identidad exacta de los autores continúa siendo discutida, aunque el crimen fue atribuido desde el primer momento a la extrema derecha.

Su cadáver llegó al centro quirúrgico mientras la noticia corría por los cuarteles. Entre sus compañeros se extendió una mezcla de dolor, rabia y deseo de venganza. Durante las horas siguientes, guardias de Asalto y militantes socialistas se concentraron en Pontejos. No todos sabían qué se estaba preparando, pero algunos habían decidido que aquella muerte no quedaría sin respuesta.

Ya era madrugada cuando comenzaron a salir varias camionetas oficiales con la aparente misión de detener a destacados dirigentes derechistas. Una de ellas, la número 17, quedó al mando de Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil que vestía de paisano y era amigo del teniente Castillo. Lo acompañaban guardias de Asalto y varios miembros de las milicias socialistas, entre ellos Luis Cuenca Estevas, integrante de “La Motorizada”, el grupo de escolta vinculado al dirigente socialista Indalecio Prieto.

La composición de aquella patrulla era completamente irregular. Condés no pertenecía a la Guardia de Asalto ni tenía autoridad para dirigir ese servicio. La presencia de militantes armados dentro de un vehículo policial agravaba todavía más la ilegalidad de la operación.

El primer objetivo habría sido José María Gil Robles, líder de la CEDA, pero no se encontraba en Madrid. La camioneta se dirigió entonces hacia el domicilio de José Calvo Sotelo, situado en la calle Velázquez.

Calvo Sotelo era uno de los políticos más conocidos de España. Había sido ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera y, en 1936, se había convertido en la voz más combativa del monarquismo autoritario en las Cortes. Sus discursos denunciaban la incapacidad del Gobierno para garantizar el orden público y apelaban abiertamente al Ejército como posible restaurador de la autoridad del Estado.

Sus intervenciones le habían proporcionado numerosos seguidores, pero también enemigos irreconciliables. El 16 de junio, durante un durísimo enfrentamiento parlamentario, el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, le había advertido de que lo consideraría responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de sus palabras. Calvo Sotelo respondió que aceptaba todas las responsabilidades y añadió:

—La vida podéis quitarme, pero más no podéis.

Menos de un mes después, aquella frase adquirió un significado terrible.

Cerca de las tres de la madrugada del 13 de julio, los ocupantes de la camioneta llegaron a la casa de Calvo Sotelo. Dos agentes que protegían el portal permitieron el paso del grupo al comprobar que lo encabezaba un capitán de la Guardia Civil.

La familia dormía.

Los hombres llamaron a la puerta y entraron en el domicilio. Simularon realizar un registro, inutilizaron uno de los teléfonos y comunicaron al diputado que debía acompañarlos a la Dirección General de Seguridad.

Calvo Sotelo protestó. Era diputado y gozaba de inmunidad parlamentaria; no podía ser detenido sin autorización de las Cortes, salvo que fuera sorprendido cometiendo un delito. Pidió telefonear a la Dirección General de Seguridad para confirmar la orden, pero no se lo permitieron.

La presencia de guardias uniformados y la identificación de Condés como oficial de la Guardia Civil terminaron por tranquilizarlo parcialmente. Aquellos hombres representaban, al menos en apariencia, la autoridad del Estado.

Antes de abandonar la casa se despidió de su mujer y de sus hijos. Según el recuerdo transmitido por su familia, pronunció una frase casi premonitoria:

—No te preocupes. A menos que estos señores me lleven para darme cuatro tiros, volveré pronto.

Bajó las escaleras acompañado por sus captores. Al cruzarse con el portero le advirtió:

—Me llevan detenido. No me han dejado telefonear.

Después subió a la camioneta número 17.

El vehículo emprendió la marcha por las calles casi desiertas de Madrid. Calvo Sotelo iba sentado entre dos guardias. En la parte posterior se encontraba Luis Cuenca.

Apenas habían recorrido unas manzanas cuando Cuenca se aproximó por detrás y disparó dos veces contra la nuca del diputado. Calvo Sotelo murió prácticamente en el acto. Su cuerpo cayó al suelo del vehículo, encajado entre los asientos.

Nadie detuvo la camioneta. Nadie pidió auxilio.

Condés ordenó al conductor dirigirse al cementerio del Este, hoy cementerio de La Almudena. Hacia las cuatro de la madrugada, el vehículo oficial atravesó sus puertas. Los ocupantes dijeron a los empleados que llevaban un cadáver sin identificar y lo abandonaron en el depósito, junto a una de las mesas de mármol.

Después se marcharon.

A los guardias se les ordenó guardar silencio. El conductor recibió instrucciones de limpiar la sangre que había quedado en la camioneta.

Al amanecer, varios familiares y amigos comenzaron a buscar a Calvo Sotelo. Llamaron a comisarías, hospitales y dependencias oficiales. Nadie parecía saber nada de la supuesta detención. Finalmente llegó la noticia de que en el depósito del cementerio había aparecido el cadáver de un hombre elegantemente vestido.

Era José Calvo Sotelo.

Tenía cuarenta y tres años.

La noticia se extendió por Madrid con enorme rapidez. No se trataba solamente de otro asesinato político. Un diputado había sido sacado de su casa durante la noche por hombres que utilizaban uniformes, armas y un vehículo del Estado. Había confiado en ellos precisamente porque se presentaron como agentes de la autoridad.

El Gobierno condenó el crimen y abrió una investigación judicial. Algunos participantes fueron identificados, pero los dos principales responsables —Fernando Condés y Luis Cuenca— no llegaron a ser detenidos. Ambos murieron poco después, combatiendo en las primeras semanas de la Guerra Civil. El sumario judicial fue sustraído del Tribunal Supremo por milicianos socialistas cuando la contienda ya había comenzado, lo que dificultó todavía más el esclarecimiento completo de las responsabilidades.

No existen pruebas concluyentes de que el Gobierno de la República ordenara o preparara el asesinato. Pero el crimen evidenció algo casi tan devastador para la legitimidad del régimen: miembros de sus propias fuerzas de seguridad habían podido secuestrar y matar a un representante parlamentario, acompañados por militantes políticos, utilizando para ello los medios oficiales del Estado.

El entierro se celebró el 14 de julio. Miles de personas acudieron al cementerio del Este. El féretro, parcialmente cubierto por una bandera monárquica, fue rodeado por dirigentes de la derecha, aristócratas, militantes y ciudadanos que veían en el asesinato la prueba definitiva de que el Gobierno ya no podía protegerlos. Tras la ceremonia se produjeron graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y hubo nuevos muertos y heridos.

Al día siguiente, la Diputación Permanente de las Cortes celebró una sesión extraordinariamente tensa. Gil Robles acusó al Gobierno de haber permitido que el Estado se convirtiera en instrumento del crimen. Indalecio Prieto, desde la izquierda socialista, comprendió la magnitud de lo ocurrido y advirtió que España se encontraba ante una catástrofe inminente.

La conspiración militar contra la República no comenzó con el asesinato de Calvo Sotelo. Desde hacía meses, el general Emilio Mola coordinaba los preparativos de una sublevación y mantenía contactos con guarniciones, monárquicos, carlistas y falangistas. El golpe estaba ya en marcha.

Pero el asesinato cambió el clima político y emocional. Destruyó las últimas esperanzas de entendimiento, convenció a muchos indecisos de que la convivencia era imposible y proporcionó a los conspiradores una poderosa justificación pública. Para numerosos conservadores, el crimen demostraba que ni siquiera la condición de diputado ofrecía protección frente a la violencia revolucionaria.

Cuatro días después, el 17 de julio, la sublevación comenzó en el Protectorado de Marruecos. Al día siguiente se extendió a la Península. El golpe fracasó en buena parte del país, pero tampoco pudo ser derrotado. España quedó dividida y comenzó una guerra civil que duraría casi tres años.

El asesinato de Calvo Sotelo no fue, por sí solo, la causa de la Guerra Civil. La conspiración, la polarización y la violencia existían antes de aquella madrugada. Pero sí fue su catalizador definitivo: el acontecimiento que confirmó los peores temores de unos y ofreció a otros la última señal para ponerse en marcha.

En la madrugada del 13 de julio de 1936, José Calvo Sotelo salió de su casa confiando todavía en que los uniformes que veía representaban la ley.

Pocas horas después, su cadáver apareció abandonado en un cementerio.

Y España, que llevaba meses caminando hacia el precipicio, perdió uno de sus últimos puntos de apoyo.